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DECLARACIÓN DE TOLUCA, MÉXICO

 

LA FEDERACION LATINOAMERICANA DE MAGISTRADOS (FLAM), REUNIDA EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EN TOLUCA, MÉXICO, EL 5 DE ABRIL DE 2017, EN CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE SUS PAISES MIEMBROS Y EN CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN NUESTRA ORGANIZACIÓN, Y

CONSIDERANDO:

 

 

Que, la delegación de Brasil manifestó preocupación por los proyectos de ley actualmente en trámite en el Senado brasileño. Ello por cuanto al prever como crimen, la  interpretación de la ley efectuada por el juez, representa un claro riesgo a la independencia de los magistrados y, en consecuencia, del Poder Judicial.

 

Que la delegación de Colombia ha manifestado que la Rama Judicial fue objeto de intentos de desestabilización por dos reformas constitucionales -2012 y 2015-, con las que se pretendía atentar contra la independencia de los jueces; que al no lograrse ese fin, en la actualidad ésta viene soportando diferentes acciones por parte de los Poderes Legislativo y Ejecutivo para disminuir su capacidad de respuesta efectiva a las necesidades de justicia de la población, reduciendo cada vez más los recursos económicos para ejercer la función. Que por el contrario, a la naciente Justicia Especial para la Paz se le ha dotado de los recursos económicos, financieros y presupuestarios.

 

Que la delegación de Chile, ha manifestado su preocupación acerca del actual sistema jubilatorio, la irreductibilidad de las remuneraciones de los jueces y la independencia judicial interna de los mismos, toda vez que actualmente los jueces actualmente se jubilan con un quinto de su última remuneración habiendo cotizado por más de treinta años, sin lagunas previsionales; las remuneraciones no se reajustaron el último año, lo que queda al arbitrio del ejecutivo, y aún no se materializa la creación de un órgano autónomo a cargo del gobierno judicial, responsabilidad de los jueces y carrera judicial, todo lo cual afecta la dignidad e independencia de los jueces.

 

Que la delegación de Costa Rica ha expresado que continúa la amenaza a la independencia e institucionalidad del Poder Judicial. Reitera  que el régimen jubilatorio es un elemento de estabilidad de la judicatura y auxiliares de la administración de justicia, el cual debe ser protegido en defensa de la independencia judicial como elemento consustancial del Estado de Derecho y de defensa de Derechos Humanos. Pues un régimen jubilatorio independiente, lejos de las manos de los intereses políticos de turno, ha sido la clave para que los mejores profesionales del país hayan dedicado su vida profesional a la Administración de Justicia, consolidando un poder judicial admirable y confiable.

 

Que la delegación de Honduras ha sostenido que de acuerdo con  la Constitución de la República, el Poder Judicial debe recibir una asignación presupuestaria no menor del 3% del total del Presupuesto General de Ingresos y Egresos y reclama se requiera tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo que cumplan con esa disposición constitucional.

 

Que la delegación de Panamá sostuvo que urge que la Ley 53 de 27 de agosto de 2015, que aprobó la Carrera Judicial, sea implementada a la brevedad, para que los jueces y magistrados cuyos cargos no han sido objeto de concurso, sean designados cumpliendo con los parámetros allí consignados, lo cual redundará en la consecución de una verdadera independencia judicial.

 

Que la delegación del Paraguay ha informado que el Poder Legislativo del Paraguay ha congelado el salario y emolumentos de los magistrados por más de diez años y que a pesar de que la Constitución de la República dispone autarquía presupuestaria del Poder Judicial no fue respetada.

 

Que la delegación de Puerto Rico, informa que ante la crisis económica que enfrenta el país, su gobierno ha propuesto reducir hasta un 24% las pensiones del poder judicial, todo ello en violación a las salvaguardas constitucionales que gozan las pensiones de la Judicatura al amparo del Art. V Sección 10 de la Constitución de Puerto Rico y el Artículo III Sección 1 de la Constitución de los Estados Unidos y a precedentes del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

 

Que la delegación de la República Dominicana indica que es necesario dar cumplimiento a la Ley Núm. 194-04, asignándole el 2.66% al Poder Judicial del Presupuesto General. Asimismo, se requiere que el  Consejo del Poder Judicial elabore el escalafón judicial para la adecuada elección de los jueces y juezas, así como observar las disposiciones relativas al régimen disciplinario dándole cumplimiento a la Ley de Carrera Judicial y su reglamento, así como cesar en ordenar traslados inconsultos que no respetan el principio de inamovilidad contemplado en su Constitución.

 

 

  1. Recomendar a las autoridades pertinentes de la República Federativa de Brasil que adecue los proyectos de ley actualmente sobre abuso de autoridad en trámite en el Senado brasileño para evitar que se incluya como crimen la interpretación de la ley efectuada por el juez, ya que ello representa un claro riesgo a la independencia de los magistrados y, en consecuencia, del Poder Judicial.
  2. Solicitar a las autoridades colombianas, al señor Presidente de la República y al Congreso de la República, que se le entreguen los medios económicos que requiere la Rama Judicial para el cumplimiento del mandato constitucional de una pronta y cumplida justicia; solicita además que todo cambio en la ley que afecte los procedimientos y el funcionamiento de la justicia que tenga un impacto económico se le asigne los recursos de orden presupuestal, económico y financiero para que pueda cumplirse el cometido legal y constitucional señalado.
  • Solicitar al Estado de Chile establecer mesas de trabajo con la participación de ANM para: a) modificar el sistema jubilatorio actual, respetando los principios de independencia judicial, b) elaborar una normativa con rango constitucional que asegure la integridad e intangibilidad de las remuneraciones, a través de un reajuste anual automático y permanente de las mismas y, c) generar las reformas constitucionales y legislativas necesarias que permitan la creación de un órgano autónomo a cargo del Gobierno Judicial, la responsabilidad de los jueces y la carrera judicial, así como su regulación efectiva.
  1. Apoyar las gestiones que realiza la Asociación Costarricense de la Judicatura, miembro activo de FLAM, en la justa tutela  del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial costarricense, vigente desde 1939.
  2. Solicitar al Gobierno de Honduras que respete la Constitución de la República para que el Poder Judicial reciba una asignación presupuestaria no menor del 3% del total del Presupuesto General de Ingresos y Egresos y se urja tanto a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a cumplir con esa disposición constitucional.
  3. Requerir al Gobierno de Panamá que de modo urgente implemente la Ley 53 de 27 de agosto de 2015, que aprobó la Carrera Judicial, para que los jueces y magistrados cuyos cargos no han sido objeto de concurso, sean designados cumpliendo con los parámetros allí consignados, lo cual redundará en la consecución de una verdadera independencia judicial.
  • Solicitar que las autoridades del Paraguay se involucren decididamente en el tema salarial y se conceda la autarquía presupuestaria al Poder Judicial como lo dispone su Carta Magna.
  • Exhortar al gobierno de Puerto Rico que al presentar medidas fiscales como las que proponen, reconozcan que una judicatura independiente requiere la independencia de jueces y sus facultades y del pleno de la judicatura para que su esfera de autoridad esté protegida; y reconozca que los jueces tienen derecho a jubilarse percibiendo un haber que corresponda con su nivel de responsabilidad, debiendo mantener razonable relación con los haberes correspondientes a su cargo; y que cualquier cambio referente a condiciones esenciales en el régimen jubilatorio, ya sea que restrinjan o amplíen el mismo no podrán tener efecto retroactivo.
  1. Instar al Gobierno de República Dominicana a fin de dar cumplimiento a la Ley Núm. 194-04, asignándole el 2.66% al Poder Judicial del Presupuesto General. Asimismo, requerir que el Consejo del Poder Judicial elabore el escalafón judicial para la adecuada elección de los de jueces y juezas, y que observe las disposiciones relativas al régimen disciplinario dándole cumplimiento a la Ley de Carrera Judicial y su reglamento de aplicación.

 

Dr. Oswaldo Ordoñez Alcántara

Presidente

Federación Latinoamericana de Magistrados

FLAM

Dra. Flavia Da Costa Viana

Segunda Vicepresidenta

FLAM

 

Dr. Alejandro Alfonso Vera Quilodran

Vocal

FLAM

 

Dra. Norma Iris Coto Santos

Vocal

FLAM

 

Dr. Delio Vera Navarro

Past President FLAM

Dr. Miguel Ángel Caminos

Past President FLAM

Dra. Mirinda Vicenty Nazario

Past President FLAM

 

Dr. Wilfredo Sagastume Henríquez

Past President FLAM

Alexis López-Aliaga Vargas

Secretario General

Federación Latinoamericana de Magistrados

FLAM

DELEGADOS

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ARGENTINA

______________________            ______________________

BRASIL

______________________             ______________________

CHILE

______________________            ______________________

COLOMBIA

______________________            ______________________

EL SALVADOR

______________________            ______________________

ECUADOR

______________________            ______________________

HONDURAS

______________________            ______________________

MÉXICO

______________________            ______________________

PANAMÁ

______________________           ______________________

PARAGUAY

______________________            ______________________

PERÚ

______________________            ______________________

PUERTO RICO

______________________            ______________________

                                                          REPÚBLICA DOMINICANA

______________________            ______________________

URUGUAY